En los últimos tiempos, se ha dado algo nunca antes visto, el sector salud, la economía y la política se han entrelazado condicionando el futuro de nuestro país. En este contexto nuestras carencias estructurales de siempre en aspectos como educación, salud o inclusive en temas como la tolerancia, la inclusión o los derechos personales, son las que explican el impacto de la pandemia o los reclamos sociales en el Perú. Al mismo tiempo, en este mismo contexto, surgen ejemplos de empresas como Cálidda, que se atreven a medir y difundir con rigurosidad académica un concepto que es todavía abstracto para muchos: el progreso social de las ciudades, en este caso específico, el de cinco distritos vulnerables que son distritos donde la empresa desarrolla sus operaciones.
La herramienta utilizada para la medición es el Índice de Progreso Social (IPS), que se constituye como el primer modelo de medición integral que hace una valoración del bienestar de las personas, de forma independiente y complementaria a las medidas económicas. El IPS analiza el progreso social a través de 3 dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidades. Este análisis se realiza agrupando indicadores en 12 componentes: Nutrición y salud, agua y saneamiento básico, vivienda, seguridad personal, acceso al conocimiento, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, sostenibilidad ambiental, derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión, acceso a educación superior. Los resultados se muestran en una escala que va del 0 al 100.
