Con 1.4 millones de hogares con gas natural en Lima y Callao, es decir, más del 60% de la población de nuestra ciudad conectada a este servicio -principalmente de los niveles socioeconómicos C, D y E- se puede decir que la masificación de este recurso es una realidad. Sin embargo, estos alentadores resultados son una isla dentro de nuestro país, pues el modelo de masificación utilizado en Lima y Callao, -donde tenemos el 50% del PBI nacional y el 30% de la población en una extensión geográfica equivalente al 4% del territorio nacional- no es hoy replicable en otras regiones.

La alta demanda del gas natural en Lima y Callao depende en gran medida del sector eléctrico e industrial. En la actualidad, de los algo más de 700 millones de pies cúbicos por día que se consumen en Lima y Callao, más de 600 millones corresponden a las generadoras eléctricas y a la gran industria.

Es este alto consumo de gas natural el que ha provocado que se hayan realizado grandes inversiones en infraestructura en Lima y Callao, que hoy son remuneradas a través de tarifas menores a las de los combustibles sustitutos. Esto además ha sido beneficioso, tanto para los usuarios del servicio eléctrico como para las industrias, ya que han generado un importante ahorro a partir del uso de gas natural en lugar de los combustibles sustitutos. 

Pero ¿por qué ese modelo no se puede replicar en otras regiones? En la gran mayoría de ciudades del interior del país no contamos con grandes consumidores como las generadoras eléctricas o las grandes industrias y, por ende, la demanda por este recurso es muy baja (básicamente para uso residencial y vehicular). Por eso, las inversiones en infraestructura no son económicamente viables, pues al existir una baja demanda, las tarifas que se necesitarían para remunerar las inversiones serían mayores a las de los combustibles sustitutos, hecho que no permitiría beneficiar con el gas natural a las poblaciones más necesitadas.

Ante este contexto, el rol de la masificación en el interior del país debe recaer en el Estado, quien debe analizar ciudad por ciudad la conveniencia de llevar gas natural, no solo desde el punto de vista económico, sino social. ¿Y qué medidas deben tomarse para su masificación? En primer lugar, debe seguir el ejemplo de países como Argentina y Colombia, construyendo ductos de alta presión para llevar el gas natural hasta las puertas de las ciudades y tender redes de distribución hasta los hogares con recursos públicos.

Gracias a esa iniciativa, Argentina tiene más de 16 mil kilómetros de ductos de alta presión, con los que ha logrado conectar a más de 8.5 millones de hogares a gas natural; mientras que Colombia, con más de 9 mil kilómetros de ductos de alta presión, ya alcanza 10 millones de conexiones domiciliarias, atendiendo a más del 70% de su población. En el Perú contamos con menos de 1,200 kilómetros de tubería de alta presión.

Luego de invertir en la construcción de los ductos, estos países los entregaron en concesión a terceros – públicos y privados- que están a cargo de la operación y mantenimiento de dichos ductos, tanto de transporte como de distribución. Este cambio estructural –que sería viable en el Perú– permitiría llevar gas natural, a precios competitivos a la sierra y selva del Perú.

De esa manera, se atendería el justo reclamo de las poblaciones del centro y sur peruano, que, pese a estar en la zona en donde se extrae el gas natural, no cuentan con este recurso, debido a que no hay una alta demanda. Ucayali, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho, Huancayo y Huancavelica, donde habita el 30% de la población del país y cuyas economías se basan principalmente en la agricultura, el comercio y el turismo, hoy cuentan con una demanda equivalente de 10 millones de pies cúbicos por día de gas natural, apenas el 1.4% de la demanda de Lima y Callao.

Sin embargo, esta medida no debe venir sola. Para que las concesiones sean autosostenibles, el Estado debe generar mecanismos e incentivos para que las grandes industrias, también llamados “clientes anclas”, se instalen en estas ciudades e impulsen el consumo de gas natural, permitiendo volver autosostenibles a los concesionarios, los que cubrirán gastos de operaciones y mantenimiento con la remuneración proveniente de las tarifas, sin tener que apelar a las arcas públicas.

Concretar una verdadera masificación del gas natural –recurso con el que contamos en abundancia y que es el mejor camino para una transición energética sostenible – depende de las decisiones que se tomen desde el Estado y que permitirían traer consigo múltiples beneficios para millones de peruanos que vienen demandándolo hace más de una década.